Si alguien me preguntara a mí, una ciudadana como otras,
estoy en contra del aborto pero no sé qué haría si la situación me apremiara.
Claramente, creo que es una instancia terminal en una cadena de sucesos que
fallan. Tal como dijo el Ministro de Salud: el aborto es la última solución a
algo que no salió bien. Podemos tomar, claro, el ejemplo más ligero y es que,
en la relación sexual, no hubo método anticonceptivo. Se lee mucho que hay que “aprender”
a usarlos, a tener sexo responsable. Sí, es cierto. Hay que. Todos conocemos a
alguien- con más o menos instrucción, de mejor o peor situación económica- que
elige tener sexo sin protección. En tiempos en los que las estadísticas marcan
un aumento en los casos de sífilis, es fácil inducir que, efectivamente, la
gente se cuida menos. ¿Eso significa que debemos castigarlos? Pues no.
Significa que hay que poner manos a la obra y ser más agresivos con las
campañas de educación sexual, que en los colegios se den los contenidos que
corresponden a las currículas, que les digamos a nuestros conocidos que se
cuiden y que cuiden a la persona con la que comparten la relación, sea casual o
de cierto grado de asiduidad.
También puede fallar el método anticonceptivo utilizado.
Ninguno es 100% seguro y, realmente, conocemos casos de gente que se cuida y el
embarazo viene igual. Y, quizá, tomaron la “pastilla del día después” y tampoco
surtió el efecto esperado. Y no importa, en este caso, si fue una relación de
pareja o casual: es un evento no deseado que se dio aun tomando los recaudos
necesarios (eso va para quienes argumentan que las mujeres no nos cuidamos –dejando
de lado a los hombres que, parece, no tendrían injerencia- y somos tremendas casquivanas
y nos mandan a cerrar las piernas o a aplacar las ganas de tener relaciones sexuales).
Repito: ¿eso significa que debemos castigar a quienes se cuidaron y el método
falló? Claro que no.
Pero lo real es que los estamos castigando. Castigamos, como
sociedad, a mujeres que quedan embarazadas sin desearlo y a niños traídos al
mundo sin haberlo pedido. Si la mujer decidiera interrumpir el embarazo, la
castigamos con la ley. Si lo continúa, es una suerte de “vos te lo buscaste”
que nunca se termina. Y si lo continúa y al chico no lo puede/quiere criar y lo
da en adopción, castigamos al niño al someterlo a la judicialización de su
vida. Lo condenamos a la espera de un hogar. Teniendo en cuenta los plazos que
demora una adopción legal en este país, es una condena.
Ahora bien, sería interesante que nos llamáramos a la
cordura y por eso esquivemos los fanatismos. Estamos debatiendo cuando es el
comienzo de la vida en lugar de datos que sí tenemos y son las muertes de
mujeres que se dan por las complicaciones post aborto clandestino. Pero
tampoco, por ese mismo argumento, podemos decir cualquier pavada. Hay una cifra
que circula por todos lados que está basada en los ingresos a los hospitales,
con ciertas patologías que son características de las consecuencias de los
abortos mal resueltos pero no son cifras
100% seguras porque, claramente, se oculta el procedimiento por el riesgo de ir
presa (los casos han sido expuestos en los medios de comunicación, casos en los
que algunos médicos, saliéndose de sus deberes, denunciaron a pacientes por
abortar). Se puede estimar, claro: “Existe este % de muerte materna y estimamos
que es por aborto”. No podemos decirlo taxativamente porque, al ser ilegal, no
es mensurable. Por otro lado, tampoco colabora con la causa la exageración y
cierta sorna de algunos sectores que proponen que metamos el aborto hasta en la
sopa. Es un procedimiento médico, físicamente doloroso –por las contracciones
que genera-, que consta de un sangrado, estudios para verificar que haya
quedado todo bien, con la posibilidad de que haya que hacer un “raspado” para
evitar infecciones y no es así nomás. Esas razones refutan tanto a las pro-choice,
cuando exageran el “Yo aborté”, como a las pro-vida: “Entonces, cualquiera
tiene sexo, queda embarazada y va y se lo saca”. No y no. Para ninguna de las
partes.
Un paréntesis que quisiera incorporar es el del riesgo de
las exageradas recetas vía YouTube para abortar: son más o menos igual de
irresponsables que los métodos caseros, como la ramita del perejil. El mensaje
es que podamos tener un acceso seguro en centros de salud, que quienes no
tienen obra social lo puedan hacer en centros públicos y quienes tengan obra
social o prepaga, usen sus prestadores para tales efectos. No se puede –ni se
debe- recomendar un proceso médico por un video de YouTube, al que acceden
millones de personas y que no podemos controlar la recepción del mensaje. La
responsabilidad sobre lo que decimos la llevamos desde siempre. Me extraña que
mujeres del mundo de los medios y las letras no manejen competencias mínimas de
lo que es la comunicación, con modelos básicos que hablan de las condiciones
psi del receptor.
Cerrando paréntesis y siguiendo con el caso, tampoco sirven
los ejemplos particulares. Que si aborté, que si no, que si me la banqué, que
si me apoyaron. En este caso, se habla de una ley que beneficiaría a quienes
decidan abortar y no influye en la vida de la que no quiera. El ejemplo
particular ilustra pero no nos hace heroínas. Ni a la que optó por no tener un
hijo ni a la que sí. No nos hace más desalmadas decidir que no podemos criar a
un chico ni nos hace mártires salir a bancársela. Tengo ejemplos muy cercanos
de ambos lados ¿y qué?
Tampoco es constructivo el debate de “con plata del Estado”,
“con plata de mis impuestos”…y bueno, amigos liberales recalcitrantes, pues
vivan en un país cuya economía sea estrictamente liberal y veremos. Dado nuestro
sistema de salud (el que digo que es, aun con defectos estructurales enormes, uno de los mejores) no podemos librarlo al
azar. Es correcto y correctísimo que sea política de estado porque es una causa
de salud pública. Podríamos poner en números cuánto gasto representa una mujer
ingresada en un centro de salud, con un estado avanzado de sepsis, a la que
haya que realizarle una histerectomía y tenerla internada y bajo control y
compararla con una que ingresa, solicita interrumpir un embarazo, realizarlo y
egresarla del nosocomio. Habría que poner blanco sobre negro y verían que
abarataría sus preocupaciones económicas, más no humanitarias.
La legalización tampoco implica una lluvia de abortos. Implica
que se abra la posibilidad de hacerlo de manera segura. Implica terminar con un
mercado negro en el que algunos cobran mucha plata por sacarle el problema de
encima a las que pueden pagarlo más y en el que a otras, les dejan un problema
mayor. Es cierto que es una demanda de las clases medias y altas. Y no es por
no poder pagarlo ni por sacar ventaja del estado: es pedir protección, ni más
ni menos. Y, si esa conquista llegase a ser realidad, sería transversal a la
clase social de pertenencia ya que es real que mueren más mujeres pobres por
una cuestión de accesos.
De nuevo: deberíamos focalizarnos en lo que es y es el
número de muertes maternas que se resolverían de ser ésta una práctica legal,
tal como está demostrado que ocurrió en los países en los que se aplicó hace
años. Las leyes son universales, están para todos. Pero no todas son
obligatorias, sino que nos amplían derechos y nos brindan garantías. En este
caso, le daría el derecho de elegir a una mujer si quiere o no seguir con un
embarazo; le garantizaría un procedimiento seguro, cuidado y avalado por las
organizaciones médicas y obligaría al Estado a hacerse cargo de una
problemática que, por más que lo intenten esconder, existe.
